El bloque de diputados del Frente Renovador oficializó el proyecto de Ley que reforma la estructura de la Policía Bonaerense, que tiene como eje de partida el control civil de la fuerza, la profesionalización de los agentes y una actualización para atender delitos virtuales. Además de profundizar la lucha contra el narcotráfico, realizar auditorias en las Departamentales y programas especiales de protección para denunciantes, testigos e informantes. “Venimos a construir la policía que se rompió”, aseguraron desde la bancada massista.
“La policía fue deconstruida por una política abandónica, se la dejó a su propia lógica de autocontrol, nosotros como Frente Renovador queremos retomar el interés sobre una política pública esencial del Estado que la brinda la policía de la provincia de Buenos Aires en contacto con los vecinos”, explicó el diputado Ramiro Gutiérrez, autor de la norma.
Además, explicaron que la reforma massista, que buscará el respaldo en el recinto de todos los bloques, fue presentada previamente por el diputado nacional Sergio Massa al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo: “Hemos coordinado en una reunión líneas troncales que se ven reflejadas en este proyecto y otras que presentará el Ministerio cuando nos traiga una ley de refuncionalización de la Policía de la provincia de Buenos Aires”.
El proyecto profundiza los principios de no militarización, especialización y control civil de la fuerza, presentando una Policía profesional, unificada y maximizada en sus posibilidades operativas y su capacidad de respuesta.
Para esa optimización, el Ministro de Seguridad tendrá pleno control de la fuerza bajo su jurisdicción con facultades que incluyen desde la intervención hasta la refuncionalización y creación de nuevas unidades.
Respecto al control civil de la fuerza, Gutiérrez resaltó: “En cualquier área donde la policía no funcione, ni se pueda abastecer por sus propios funcionarios, está previsto el control civil, haciendo una auditoría, mejorando canales, viendo por qué está fallando en esa situación y retomando un control que la Constitución establece: la participación de la ciudadanía al control civil”.
Para la confección de la normativa parlamentaria, los legisladores explicaron que han tenido “tenido contacto con muchísimos policías, jefes, ex jefes de la policía que lo han mirado y es un proyecto que maximiza los derechos de la policía. Realmente los trata como una fuerza de lo más adelantada del mundo”.
El proyecto que será debatido en la Cámara de Diputados bonaerense faculta la constitución de un Comando Departamental de acción unificada para situaciones de crisis o respuesta urgente, el que permitirá que todas las policías que operen en un mismo territorio, lo hagan en forma conjunta y coordinada baja la misma unidad de mando mientras dure la situación que ha generado la necesidad de respuesta.
Por otro lado, se crearán unidades especiales altamente capacitadas para la intervención en delitos de alto daño social, situaciones complejas y de crisis, como delitos complejos y terrorismo. Mientras que se repotencian y maximizan unidades especiales ya existentes dotándolas de todos los recursos necesarios para lograr la máxima eficacia como la Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico.
La ley también prevé la incorporación profesionales altamente capacitados para realizar tareas de investigación, peritaje y auxilio de la investigación criminal y la maximización de las atribuciones y recursos de la Policía destinadas a la lucha contra el narcotráfico. A la vez que refuerza la coordinación de programas especiales de protección para denunciantes, testigos e informantes.
La reforma incluye la creación de una Brigada de Investigaciones Tecnológicas encargada de la prevención e investigación de delitos cuyo medio comisivo sean las redes sociales o los soportes tecnológicos computarizados, tales como el grooming, pornografía infantil, estafas y defraudaciones, juego ilegal, delitos informáticos, comercialización, distribución de sustancias y elementos prohibidos, lavado de activos, etcétera.
La misma prestará asistencia y colaboración al Ministerio Público Fiscal y a los órganos judiciales requirentes, como a cualquier otra fuerza o elemento ante hechos de su materia.
Además, la ley garantiza un control civil descentralizado y continuo, para el que se incorporará un nuevo sistema de auditoría interna y supervisión civil continua que trabajará a partir de un código de conducta de los funcionarios públicos.
