El Vicepresidente del Concejo Deliberante platense, Javier García encabezó la reunión de Comisión de Seguridad en la cual se continuó con el tratamiento del “Protocolo de Actuación en Manifestaciones Públicas”.
En ese marco, y con la metodología que mantiene la Comisión de escuchar a todas las voces, estuvieron presentes representantes de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y de la Central de Trabajadores Argentinos Regional La Plata (CTA), quienes expusieron su posición respecto al proyecto.
“Manifestamos nuestro profundo rechazo a este proyecto. No nos parece constitucional y ninguna ley va a apagar la disconformidad que traen los conflictos sociales que se avecinan y nos van a encontrar luchando en la calle que es donde debemos estar”, sentenciaron desde la CTEP.
Desde la CTA apuntaron además que “los costos de querer aplicar esto van a ser muy altos y va a ser inaplicable. Es inaceptable que se trate como un delincuente a quien protesta. Vamos a seguir estando en la calle y defendiendo a quienes se sienten desprotegidos”.
Estuvieron presentes en el encuentro además del concejal García, el concejal de Cambiemos Juan José Cardoso y asesores de concejales miembros de la Comisión.
“El tratamiento del proyecto se da en el momento justo porque las manifestaciones a raíz de la conflictividad social por causa de los despidos, aumentos indiscriminados de tarifas, hacen que las calles se encuentren hoy con movilizaciones diariamente. Estamos a favor de las conquistas de derechos pero vemos con preocupación que estas manifestaciones se desarrollen bajo modalidades que en otras instancias causaron desmanes innecesarios y donde se perdió el eje del reclamo legítimo”, detalló el presidente de la Comisión de Seguridad, Javier García.
El edil señaló además que “creemos necesario restablecer el control de las movilizaciones y entendemos que el reclamo va a disminuir en la medida que se solucionen los problemas de fondo. Si brindamos soluciones al ciudadano no vamos a tener protestas ya que son reclamos y peticiones por derechos vulnerados y la falta de asistencia e inacción del Estado”.