La medida tiene por objetivo revertir esa situación generada por la proliferación “del delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”, según argumentó la administración de Mauricio Macri en un decreto.
“La problemática del narcotráfico -sostuvo el gobierno- no sólo afecta a la salud y la seguridad ciudadana, sino que importa una violación a la soberanía nacional en tanto se trata de un crimen cuya naturaleza es claramente transnacional”. Ante “tales circunstancias”, el macrismo consideró que la situación amerita “adoptar las medidas que permitan extremar el uso de los recursos del Estado”.
Así, a partir de esta declaración, se deja a cargo de los ministerios de Seguridad, Defensa y Transporte la tarea de “reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos”, para lo cual se permite el derribo de aviones no identificados. Al respecto, el decreto también establece la aprobación de “Reglas de Protección Aeroespacial”, cuya autoridad de aplicación serán las Fuerzas Armadas, orientadas a “identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino". En este sentido, serán declaradas “hostiles” aquellas naves que “tengan entidad suficiente para perturbar, poner en riesgo o causar un daño en el territorio nacional”.
